¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos?

Ramón García Gibson -connotado abogado experto en temas financieros- expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de "blanquear" las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.

Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de loas cuales México no está exento.

Un grupo de 65 académicos, abogados postulantes, jueces y administradores públicos, convocados por Gerardo Laveaga, aventuran algunas propuestas para modernizar el sistema penal mexicano. Aunque pertenecen a generaciones, escuelas penales y corrientes políticas distintas, todos coinciden en señalar que urge llevar a cabo una reingeniería en nuestro marco constitucional y legal si pretendemos que México se convierta en un país más desarrollado, más equitativo y más competitivo, en los umbrales del siglo XXI.

Entre las propuestas se mencionan: dotar de autonomía al Ministerio Público; unificar los cuerpos policíacos del país; diferenciar las funciones de la policía y del fiscal; establecer la reserva de Código Penal; homologar los criterios de la codificación penal; tipificar el financiamiento al terrorismo; simplificar procedimientos; impulsar la justicia alternativa; evaluar el desempeño de los tribunales y convertir el juicio oral en eje de nuestro sistema penal.

La tendencia mundial en la prevención, detección y reporte de operaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras está cada día más enfocada al grado de exposición al riesgo que en esta materia representan los productos y transacciones realizadas por sus clientes.

En ese sentido, tenemos disposiciones emitidas por las autoridades mexicanas, basadas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras afines, según el tipo de negocio, que nos hablan de poner especial atención en clientes políticamente expuestos, así como en los que realizan actividades o utilizan productos y servicios considerados como de alto riesgo. A estos clientes de instituciones financieras se les deberán aplicar controles más rigurosos, como un más extendido cuestionario para lograr, entre otras cosas – lo que resulta la piedra angular de la prevención, detección y reporte del lavado de dinero -, el debido “conocimiento del cliente”.

El momento de la apertura de una cuenta bancaria es el primer filtro de prevención de lavado de dinero, aplicando un adecuado y extenso cuestionario para detectarlo. Pero es necesario preguntarse: ¿qué sucedería si el presunto lavador, en ese momento de la relación de negocio, declarara ser un narcotraficante, un político corrupto o representante de una empresa creada para ocultar, transformar o integrar en la economía formal ganancias ilícitas procedentes de un delito?

¿No sería más eficiente poner mayor atención en un sistema de monitoreo automatizado de operaciones que, aunque costoso, sea uniforme entre las instituciones financieras, contenga estándares internacionales y sea certificado por las autoridades, permitiendo detectar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP mayor calidad y menos cantidad de operaciones inusuales?